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Deducción por aportes a sociedades de garantía reciproca.

La ley de Sociedades de Garantía Reciproca contiene en su Sección IX ciertos beneficios impositivos en favor de los inversores, personas jurídicas y físicas, en tales sociedades. En el presente informe, tras una breve indicación de las características y funciones de las SGR, desglosamos el alcance y los requisitos para la procedencia de los beneficios impositivos aludidos.

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son “Sociedades Comerciales que tienen por objeto facilitar el acceso al crédito a las PyMEs a través del otorgamiento de garantías para el cumplimiento de sus obligaciones”. Las Sociedades de Garantía Recíproca están integradas por dos clases de socios:

Socios partícipes: únicamente pequeñas o medianas empresas que reúnan ciertas características.
Socios protectores: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al Fondo de Riesgo.

El Fondo de Riesgo estará constituido, entre otros conceptos, por: resultados de la SGR, donaciones, rendimientos financieros y el aporte de los socios protectores.

Además de dicho Fondo, las SGR pueden constituir Fondos de Riesgo Específico. A estos fondos pueden aportar tanto socios protectores, como inversores no socios. No están habilitadas para aportar a tales Fondos las entidades financieras.

La deducción será del 100% de los aportes. No obstante, ello opera como un tope, ya que los montos que en definitiva podrán ser deducidos están condicionados a las garantías que otorgue el Fondo, es decir, a la utilización que efectúe el Fondo de los aportes recibidos que deberá ser como mínimo del ochenta por ciento (80%) como promedio en el período de permanencia de los aportes. A los efectos de obtener la totalidad de la deducción impositiva aludida, podrá computarse hasta un (1) año adicional al plazo mínimo de permanencia para alcanzar el promedio del ochenta por ciento (80%) en el grado de utilización del fondo de riesgo, siempre y cuando el aporte se mantenga durante dicho período adicional.

Los aportes de capital y al Fondo de Riesgo de los socios protectores, son deducibles del resultado impositivo para la determinación del Impuesto a las Ganancias de los aportantes, siempre que dichos aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de 2 (dos) años calendario. Si no se cumple el plazo de permanencia, deberá reintegrarse al balance impositivo el monto de los aportes que hubieran sido deducidos, con más los intereses y/o sanciones que pudiere corresponderle de acuerdo con la Ley 11.683.

En cuanto a los Fondos de Riesgo Especifico, la deducción impositiva es equivalente a dos tercios (2/3) de la prevista para los aportes al Fondo de Garantía (100%); en consecuencia, en estos fondos la deducción es del 67% de los aportes.

Los rendimientos provenientes de las inversiones realizadas en los fondos son distribuidas por la SGR a los aportantes y éstos los considerarán como utilidades gravadas en el Impuesto a las Ganancias , en función de su devengamiento si se trata de una empresa o por el método de lo percibido si el aportante es una persona física

En los Fondos de Riesgo Específico pueden participar inversores no socios, pero, no gozan de los beneficios impositivos.

Los trabajadores en relación de dependencia, pueden hacer uso del beneficio de deducción de aportes a una SGR, para lo cual quedan obligados a cumplir una serie de requisitos que se hallan detallados en la R.G. AFIP Nº 1261 (régimen de retención del impuesto a las ganancias sobre sueldos).

Como puede apreciarse el “beneficio impositivo” tiene dos fuertes condicionantes; por una parte, la permanencia de la inversión durante un periodo mínimo de 2 o 3 años, lo cual puede ser evaluado y dependerá de la decisión que tome el inversor (empresa o persona física) y por la otra, un elemento que se halla fuera del control del aportante, como es el nivel de otorgamiento de garantías por parte de la SGR. En consecuencia, recomendamos atender a las circunstancias apuntadas, toda vez que el desvío o incumplimiento de aquellas podría acarrear mayores costos que beneficios impositivos.

 

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